La Legislatura aprobó las emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario

El Senado provincial aprobó este miércoles por unanimidad un expediente que contiene dos proyectos: la declaración de la emergencia en seguridad pública, autoría de la diputada socialista Lionella Cattalini, y la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario santafesino, del senador justicialista Rubén Pirola. Las emergencias estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. Ambos proyectos tuvieron sanción definitiva y ahora el Ejecutivo deberá promulgar la ley para su entrada en vigencia.

Las emergencias en seguridad y en el Servicio Penitenciario eran dos de las prioridades del gobierno provincial para el cierre de 2021. Fueron votadas el martes por la Cámara de Diputados y el Senado las convirtió en ley un día después. En cambio, la otra prioridad del Ejecutivo –el proyecto de presupuesto 2022– fue postergada hasta febrero del año próximo.

La finalidad de las emergencias es atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del Servicio Penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

La ley de emergencia en seguridad le otorga al Poder Ejecutivo la suma de 3.000 millones de pesos sobre los cuales el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, deberá rendir cuentas cada seis meses ante la Legislatura.

Mediante la declaración de emergencia en seguridad pública, el gobierno queda habilitado a reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales de la Policía para atender situaciones excepcionales o de riesgo especial, ampliando las partidas necesarias para hacer frente a los recursos presentados por el personal policial y penitenciario; y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales.

El Poder Ejecutivo también podrá instrumentar mecanismos para la distribución de vehículos a asignarse de acuerdo con las necesidades en materia de seguridad, únicamente destinadas a cumplir funciones operativas.

El Ministerio de Seguridad deberá elaborar e implementar un plan adquisición de patrulleros y otro para la reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación costo-beneficio para su reinserción operativa.

También se podrán comprar sistemas de video vigilancia en convenios con municipios y comunas, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario. En cuanto al personal policial, se deberá brindar asistencia en materia de soluciones habitacionales e implementar programas de incentivo en becas y cursos para el personal policial y penitenciario.

Desde la cartera que encabeza Jorge Lagna tendrán que adquirir equipos y sistemas informáticos destinados a dependencias policiales y penitenciarias y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de complejos penitenciarios.

La ley de emergencia autoriza a ejecutar un plan de equipamiento en las unidades penitenciarias para la provisión e instalación de equipos o sistemas de inhibición de señal o de llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando que el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas de las unidades penitenciarias.

Otro de los puntos clave del proyecto tiene que ver con la Junta provincial de Seguridad. Al respecto, se determinó que serán convocadas por el gobernador y se llevarán a cabo, al menos, una vez por mes.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad quedó facultado para convocar al servicio activo del personal de la Policía en situación de retiro del Escalafón General, Subescalafón Seguridad, a los efectos de cumplir funciones de seguridad pública.

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