El encuentro del martes 17 contó con la presencia de autoridades políticas de los distritos involucrados en la cuenca, además funcionarios provinciales, productores agropecuarios y equipos técnicos. Aunque el objetivo común fue encontrar soluciones, hubo momentos de discusión acalorada entre algunos protagonistas.
El último martes se realizó otra reunión para avanzar en los temas centrales vinculados con la laguna La Picasa en la localidad de Diego de Alvear y tuvo momentos álgidos. Participaron el intendente de Rufino, Natalio Lattanzi, y los presidentes de las comunas de Diego de Alvear, Daniel Sagardía, y de Aarón Castellanos, Wualther Ramanzin. Por el Comité Ejecutivo de la Cuenca La Picasa lo hicieron el presidente Juan Carlos Duhalde; el secretario Aníbal Barros Porri y el tesorero Jorge Raparo. Además estuvieron el arquitecto Jorge Collins, subsecretario de Proyectos; la agrimensora Analia Viloglia, directora de Gestión de Tierras; el agrimensor Leonardo Guaglioti, jefe de Legal y Técnica; Liliana Rostom, representante del Ministerio de Infraestructura de la Provincia; Clever Ortolani, asesor técnico; y Cecilia Morales, asesora técnica.
Dentro de los tópicos abordados, la Resolución N° 382 del 28/04/2022, el Expediente 01907-0009142-1 del Registro del Sistema de Información de expedientes relacionados con las fracciones de terrenos afectados a los embalses reguladores números 6,7, 8 de la construcción de las obras internas Cuenca Laguna la Picasa; la resolución 382 que autoriza a la Provincia a expropiar y/o servidumbre administrativa de ocupación hídrica de acuerdo con la Ley 13.740 -ley de aguas-, además de los inmuebles comprendidos por los reservorios 6,7 y8.
Los más de 70 productores propietarios de los campos que forman parte de los reservorios 6, 7 y 8, además de los de los reservorios 6 y 7, plantearon las distintas afectaciones y la demora en los pagos prometidos por las autoridades hace más de 20 años.
La reunión subió de tono cuando, los productores comprendidos en el reservorio 8 Laguna la Picasa, fueron oficialmente notificados por primera vez, de que sus campos forman parte de un reservorio. Muchos de ellos llevan 30 años litigando con la Provincia, con fallos favorables en primera y segunda instancia, y no han logrado cobrar hasta la fecha.
EN BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN
El avance fue que, las autoridades provinciales presentes, prometieron que los campos a expropiar y/o servidumbre serán valuados a su valor real antes de estar inundados, por la Junta de Valuaciones integrada por representantes de los productores inmobiliarias y las entidades intermedias. El plazo para interponer la revocatoria es de solamente 10 días, sin embargo, los funcionarios se comprometieron a prorrogar este plazo por 90 días.
Actualmente, se trabaja sobre la postergación de los plazos y el logro de mayor información sobre los pasos a seguir, atento a que en algunos casos, como en el reservorio 8 La Picasa, los funcionarios hablaron de cotas superiores a la de proyecto: 98.5 a 102.5, lo que significaría reconocer el fracaso de la gestión hídrica.