El “Tribunal Internacional Monsanto” falló a favor de incorporar el Ecocidio como figura penal

El "Tribunal Internacional Monsanto", conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países -entre ellos una argentina- que analizaron el testimonio de más de 30 personas, concluyó hoy tras un simulacro de juicio en La Haya que la empresa estadounidense de biotecnología es responsable de "ecocidio" y aunque su decisión no tiene implicancias penales, se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales.

Luego de que se conocieron las conclusiones, desde el Centro Cultural Parque España de Rosario, donde se siguió las exposiciones de los cinco jueces internacionales, Damián Verzeñassi explicó: “Para mí fue un fallo muy bueno. Los jueces le dan un valor `superlativo´ a los testimonios y pruebas que fueron ofrecidas durante el tribunal”. El médico paranaense fue uno de los testigos que declaró frente a Monsanto en La Haya.
“Fallaron a favor de incorporar el Ecocidio como figura penal en el Estatuto de Roma. Uno de los dos grandes objetivos se cumplió”, reflexionó Verzeñazzi en diálogo con Uno. “Para nosotros es un fuerte respaldo para trabajar los reclamos de las comunidades afectadas”, sintetizó.
“Hicieron expresa referencia a que los agrotóxicos y los organismos genéticamente modificados son herramientas de daño para la salud”, remarcó Verseñazzi quien además envió un mensaje a los senadores entrerrianos que el lunes se reunirán en Villaguay para tratar el Proyecto de Ley que regulará el uso de agroquímicos en la provincia.
“Tienen que abrir el encuentro leyendo las conclusiones del Tribunal Monsanto”, recomendó Verzeñassi pensado en el debate que fue organizado por el presidente de la Comisión de Producción del Senado, Mario Torres, y la presidenta de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena.

Conclusiones

“Si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante porque pone en evidencia la problemática, genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones”, dijo a Télam la jueza mendocina Eleonora Lamm, que integró la corte que dio a conocer hoy su pronunciamiento.
El proceso contra la máxima productora mundial de herbicidas, impulsado por más de mil organizaciones de todo el mundo, se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.
Durante esas jornadas, Lamm junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.
El Tribunal consideró a la empresa responsable de “ecocidio”, entendiendo esa figura como la de “causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen” e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Además, concluyó que Monsanto estuvo involucrada en prácticas que impactaron de forma negativa en los derechos a un medioambiente sano, a la alimentación, la salud y la información, tomando como base tratados y leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención de los Derechos del Niño.
En referencia a la acusación de ser cómplice en crímenes de guerra por proveer “Agente Naranja” en la guerra de Vietnam, el pronunciamiento indicó que “debido al estado actual de la legislación internacional y la ausencia de evidencia específica, este Tribunal no puede dar una respuesta definitiva”.
Los Tribunales de Opinión fueron creados en la década del 60 e impulsados por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre y buscaron una sanción, en principio ética, a los crímenes cometidos en Vietnam que no encontraban tribunales donde ser juzgados.
Con el tiempo, la relevancia de las “opiniones” vertidas fue tan influyente que ante la existencia de graves delitos internacionales se generaron decenas de este tipo de tribunales, como fue el caso de violación de los derechos humanos en Sri Lanka o de Desaparición Forzada en Colombia.

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